Efectivamente, el problema crecerá más y, lamentablemente, las tragedias continuarán. La apuesta por el olvido del tiempo siempre conviene a los responsables, pero la realidad está ahí y es apabullante.

Editorial CCM

La Semana Santa en México inicia con el peso de una tragedia que pudo evitarse. La de 38 migrantes calcinados al interior de una estación provisional del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez el pasado 27 de marzo.

Los videos filtrados causaron el enojo de los más altos responsables en el cada vez más cuestionado gobierno de López Obrador. Las imágenes son la expresión de la indolencia, corrupción y desastre de las acciones y políticas migratorias de un país sumiso al dictado de los Estados Unidos acerca del tratamiento de los miles de personas de naciones más pobres, incluyendo la nuestra, para someter y tratar a los migrantes como delincuentes.

¿Cómo empezó el fuego? ¿Por qué ningún agente hizo lo necesario para ayudar a casi 70 personas de morir de la manera más horrorosa? Como siempre, el típico y consabido discurso de “todo el peso de la ley” y “no habrá impunidad ni se protegerá a nadie” porque “no somos iguales” tratan de ocultar el fracaso de un gobierno que, al iniciar en 2018, quiso mostrarse como paladín de la justicia migratoria abriendo la bonanza de un paraíso al ofrecer todos los “hermanos” migrantes visas humanitarias, permisos de empleo, programas de bienestar, ahora mal replicados en Centroamérica…

Pero rápido cae el velo de bondad para enseñar el grotesco rostro de la impunidad. Los chivos expiatorios pronto son aprehendidos, sin embargo, nada sucede al más alto nivel. En países observantes de la ley y del derecho, que 38 personas hayan muerto en una instalación dependiente de una Secretaría de estado hubiera provocado las remociones y la instauración de responsabilidades civiles, penales y administrativas al más alto nivel, pero no en México, cuyo decadente gobierno replica y, quizá peor, se vale de los protocolos encubridores de la corrupción que permiten a los funcionarios moverse sin consecuencias, incluso para asirse del dolor para afianzarse en sus pretensiones por una candidatura a la presidencia de la República.

Refrescar la memoria es conveniente para estremecernos. En 2021, por ejemplo, la indignación por la muerte de 55 migrantes trasladados en un contenedor de tráiler en Tuxtla Gutiérrez, destapó las peores realidades que siguen prevaleciendo en este país: el tráfico de personas. Al día siguiente de esa tragedia, el presidente de la República placeaba desayunando burritos en Chihuahua, mientras nadie en el gabinete de seguridad atinaba en dar respuestas de cómo era posible la circulación del tráiler con 166 personas en una carretera con retenes de la policía municipal y la Guardia Nacional.

En 2023, la tragedia de Ciudad Juárez se dio al interior de una instalación de gobierno lo que apunta a las sospechas de los oficiales encargados y de la empresa de seguridad privada. Además de la ausencia de los protocolos mínimos de protección civil, los videos que circularon en medios de comunicación solo arrojan un testimonio tan preocupante como indignante: El gobierno de México es enemigo de los migrantes al tratarlos peor que animales. Sí, fue un crimen de Estado que ahora se quiere tapar con la creación de otro consejo burocrático de protección a los migrantes presidido por un cuestionado sacerdote adicto al lopezobradorismo.

A esto, los obispos de México, en ocasiones reiteradas, han llamado la atención sobre este problema que sigue creciendo. En un comunicado, la Conferencia del Episcopado Mexicano recordó otros hechos que causaron la muerte de otros migrantes cuando en 2020, “una persona nacional de Guatemala perdiera la vida en la Estación Migratoria de Tenosique, Tabasco, así como los hechos en la Estación de Piedras Negras, Coahuila en 2022”.

Los obispos señalan que “el hacinamiento, la sobrepoblación y las condiciones infrahumanas a las que son sometidas las personas en contexto de movilidad, son causa de las numerosas detenciones que realiza el Instituto Nacional de Migración (INM) como resultado de políticas migratorias de contención enfocadas en la seguridad nacional, mas no en la protección de los derechos humanos de las personas migrantes”. 

Efectivamente, el problema crecerá más y, lamentablemente, las tragedias continuarán. La apuesta por el olvido del tiempo siempre conviene a los responsables, pero la realidad está ahí y es apabullante. Esa estación se convirtió en una moderna cámara de muerte como las usadas por los regímenes totalitarios de la Segunda Guerra Mundial. Como bien afirman los obispos de México, para los migrantes, “el dolor y el sufrimiento por abandonar el hogar ya es demasiado y no podemos permitir que su tránsito por México se convierta en un calvario” que sigue prolongando una interminable pasión.