Desafortunadamente el hedor de la corrupción judicial es más fuerte que el aroma de la justicia. 

Editorial CCM

El ideal de un sistema democrático y de derecho es el de las instituciones sólidas, profesionales y transparentes como nicho de la justicia en donde los gobernados encuentren no sólo representación, también confianza, credibilidad y la debida seguridad como obligaciones de un sistema regido por leyes justas. 

Cuando la corrupción e impunidad van de la mano, sostenidas por el curso de la ideología política en turno, se da el desplazamiento del derecho por el de los privilegios. Desde arriba, el poder sirve para someter o privilegiar mientras el poderoso en turno es quien forma una camarilla de incondicionales cuya lealtad abona a enquistarlo en el cargo. Así, funcionarios, jueces, consejeros o servidores son parte de un aparato corrosivo que ya no responde a los ideales de una democracia, más bien a los deseos de la voluntad de uno solo generando entonces el autoritarismo. Para que haya una injusticia, se requiere de todo un sistema.

Por eso este domingo 20 de noviembre, los obispos de México realizan la jornada mensual de oraciones cuyo origen fue el trágico asesinato de los jesuitas de la Tarahumara del cual no se ha tenido justicia y, para ser más específico, ni siquiera se ha dado la detención del autor material de los asesinatos. A medida que pasan los meses, el asunto quedó sólo en lo mediático y en las promesas de aplicar “todo el peso de la ley” para dar con el asesino, pero la realidad es otra, como la de muchos quienes, en este país, sufren la impunidad cobijada por el conveniente olvido o amnesia provocada a fin de que nadie conozca la verdad.

El poder judicial también cae en estas redes de impunidad y de corrupción. Desafortunadamente el hedor de la corrupción judicial es más fuerte que el aroma de la justicia. O, dicho sea de paso, pagan justos por pecadores. Ventas de amparos o sentencias, intercambio de favores para afianzar privilegios, nepotismo, redes de usura, maquinación de pruebas, negligencia intencional, convenientes omisiones, protección, todo apunta a que el sistema está hecho para no funcionar con toda intención.

Aunque en México se ha dado una reforma judicial, los índices de confianza en este poder no han sido de los mejores. Previo a la pandemia, en 2017 el INEGI publicó el estudio Estadísticas judiciales en el marco del nuevo sistema de justicia penal en México, cuyas conclusiones observaron la preocupante brecha entre la población y los juzgadores: “al 2015 menos de la mitad de la población expresó confiar algo o mucho en dichas instituciones. Aunado a ello, los resultados presentados en este capítulo, luego de comparar a las entidades con más tiempo operando el NSJP (Nuevo Sistema de Justicia Penal) bajo diversas métricas, no permiten evidenciar una relación entre la reforma penal y el aumento en los niveles de confianza…”

Para que exista un México justo, la independencia de ministerios públicos, jueces y magistrados debería ser afianzada en una alta ética que implique un compromiso con la ciudadanía. A diferencia de los otros poderes, el legislativo y el ejecutivo, los jueces y magistrados del poder judicial pocas veces están bajo la observancia cotidiana de medios de comunicación. 

Es un poder privilegiado que no tiene esas mismas presiones y, aunque el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice que la corrupción judicial se ha ido, eso suena más a un discurso que tiende a complacer al de otro quien dice que en México, “continúa habiendo corrupción, pero ya no es lo mismo…”