La semana pasada escribimos que la “la lucha contra el crimen es hoy la muestra de que nuevos gerasenos prefieren al hombre encadenado, antes que perder su porquería”.

Los mexicanos no queremos ser gerasenos que se conformen con ese tipo de porquería. Sin embargo, aunque parece que la lucha está perdida, eso no debe desanimarnos.

Abandonar la Sociedad al mando de la violencia y del narcotráfico sería, aparte de cobardía, un acto de ingratitud a Dios y al futuro de nuestros hijos, porque ni el Creador hizo este mundo para condenarlo a la infelicidad ni los jóvenes del futuro se merecen tal vileza.

La Iglesia en México está preocupada por la situación negativa que atraviesa nuestro país, que parece no tener ni fin ni solución, agravada ahora por los anuncios de crisis económica. Por esta razón, como institución, la Iglesia se ha sumado, con otras Asociaciones Religiosas, a cumplir sus compromisos, en el marco del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, firmado el pasado 21 de agosto, con dos acciones concretas:

1. Promover entre sus integrantes la cultura de la legalidad, la denuncia y la participación ciudadana (tiempo de ejecución: seis meses).

2. Fomentar en sus programas de difusión, en sus edificios, en sus iglesias y en sus lugares de oración, la cultura de la legalidad y la seguridad, la práctica de la denuncia, el combate a las adicciones, los derechos humanos y la transparencia (tiempo de ejecución: un año).

Ya la Conferencia del Episcopado Mexicano, a través de su Oficina de Comunicación, ha pedido a cada Diócesis que informe sobre lo que se ha llevado a cabo en su territorio, respecto a los acuerdos, pues los compromisos deben ser cumplidos. Sin embargo, los acuerdos asumidos por todos los sectores públicos y privados tienen un enorme obstáculo que debe ser superado: la corrupción en el interior de las corporaciones policíacas.

Una lucha que debió haber comenzado hace muchos años, se ha visto impedida por la traición de algunos funcionarios públicos (de todos los niveles) y de algunos elementos de seguridad (de todas las dependencias), anulando cualquier iniciativa. Así lo muestran los datos de la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/241/2008, dados a conocer la semana pasada por la PGR. De acuerdo a esta investigación, todos los cárteles de la droga tenían en su nómina a los más altos funcionarios de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).

El narco penetró hasta las alturas. Dos ejemplos: Noé Ramírez Mandujano (mando en la SIEDO) está siendo investigado porque es acusado de recibir ¡450 mil dólares mensuales!, de parte del hampa. Ricardo Gutiérrez, jefe de la Interpol, en México, también fue detenido por lo mismo.

Como ellos, ¿cuántos jefes más estarán en la nómina negra del crimen? ¿Cuántos personajes habrán estado coludidos con las bandas del narcotráfico a lo largo de muchos años? Ni siquiera podemos imaginarlo. Y cuántos más también caerán en la tentación, ante el canto de las atractivas, poderosas y ricas sirenas del bajo mundo.

Según datos proporcionados por las mismas autoridades, en diferentes Estados de la República, así como en guardias federales, son casi 450 policías los destituidos y detenidos, hasta ahora, por estar involucrados en la protección de delincuentes. No sólo es el afán económico el que los hace estar ‘del lado de los malos’.

Posiblemente se sienten ‘más seguros’ en el territorio del hampa. No se compara lo que ganan como servidores públicos con lo que les ofrece la delincuencia organizada. Posiblemente se quedarían ‘del lado de los buenos’ si obtuvieran lo que mensualmente devengan muchos políticos y, como ellos, sin tener que arriesgar su vida, con su futuro asegurado, cambiando de un puesto a otro. Mas, ante esta situación, va a ser difícil ganarle a la violencia y al narcotráfico.