Editorial

Militarización de la seguridad, la vía al desastre.

Organizaciones No Gubernamentales califican de “desastroso” el papel del ejército, marina y guardia nacional en estas tareas. El 9 de septiembre, Amnistía Internacional criticó a la corporación creada en la presente administración “por las numerosas violaciones a los derechos humanos que fundadamente se le atribuyen. Entre 2020 y 2022 se presentaron más de 1,100 quejas contra esa institución ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Editorial CCM

En marzo de 2024 debería tener cumplimiento un mandato constitucional: el fin de la facultad del presidente de la República para disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria conforme al decreto que reformó, adicionó y deregó diversas disposiciones de la Constitución de la República en materia de Guardia Nacional.

Con tal mandato se quería poner plazo definitivo de la presencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad mientras llegaba la implementación y profesionalización de un cuerpo de seguridad civil llamado Guardia Nacional (GN), a las órdenes del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, dadas las irregularidades y la carencia de un marco jurídico que regulara a las fuerzas armadas en tareas que no eran de la competencia conforme a las disposiciones legales.

El debate en el Congreso de la Unión tuvo tonos más álgidos. Mientras que en la Cámara de Diputados se pasó la propuesta del PRI para mantener al ejército y la marina armada hasta 2029, en la Cámara alta las cosas parecían naufragar cuando la minuta no lograría la mayoría calificada de votos a pesar del intenso cabildeo de los personeros de López Obrador para sumar más senadores a la causa de la militarización; traiciones se dieron, pero en retirada, MORENA se replegó diseñando una nueva estrategia a fin de tener aliados a su causa, sea en el PAN o el Revolucionario Institucional.

Organizaciones No Gubernamentales califican de “desastroso” el papel del ejército, marina y guardia nacional en estas tareas. El 9 de septiembre, Amnistía Internacional criticó a la corporación creada en la presente administración “por las numerosas violaciones a los derechos humanos que fundadamente se le atribuyen. Entre 2020 y 2022 se presentaron más de 1,100 quejas contra esa institución ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Éstas se referían a crímenes de derecho internacional, incluidas desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, homicidios ilegítimos y tortura, entre otros”.

La organización insiste al afirmar que la militarización de la seguridad pública ha tenido consecuencias desastrosas para los derechos humanos. “Más de 100,000 personas se encuentran desaparecidas en México, mientras que el ejército y la marina han sido acusados de violaciones generalizadas de derechos humanos. La SEDENA ha sido objeto de más de 4,000 quejas por abusos contra los derechos humanos ante la CNDH desde 2014”.

Incluso algunos obispos insisten sobre estos riesgos, pero sus palabras parecen caer en tierra llena de abrojos. Carlos Briseño Arch, obispo de Veracruz, abogó por una fuerza civil “que no fuera corrupta y que estuviera correctamente actuando”; el obispo de Saltillo, Hilario González García, señaló que “solo queda pedirle a Dios que nos cuide a todos y que cuide la intención de todos los que trabajan en las fuerzas armadas” y el obispo de Irapuato, Enrique Díaz Díaz, fue más allá al decir que la insistencia de tener a la GN adherida al ejército es un peligro para la sociedad advirtiendo que este empecinamiento es un “error de las autoridades federales” pues no abonaría a satisfacer las necesidades de seguridad de la población mexicana.

No sobra decir que el presidente de la República pide una consulta a mano alzada de la ciudadanía para preguntar si quieren o no al ejército en tareas de seguridad. Tal consulta ya la tiene encomendada la Secretaría de Gobernación. Por ahora, la minuta espera la tercera llamada para que las fuerzas armadas tengan legitimidad plena en las calles, mientras las necedades y diatribas de los políticos son la coyuntura perfecta para que la violencia y el crimen estén rampantes e impunes a lo largo y ancho de un territorio en estado de guerra no declarada.

 

 

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