Editorial

Autoritarismo presidencial, desmantelando la democracia

Historia de la democracia de un país que, al final, no termina de madurar.

Editorial CCM

 

En la historia democrática de México, diversos movimientos, sean de izquierda o emanados de la sociedad civil, dieron una lucha con el objetivo de equilibrar y controlar la balanza del poder cuando el presidente de la República sostenía en las manos todo el aparato gubernamental sin rival alguno. Por eso, la figura presidencial era la encarnación de un sistema al que el escritor peruano Mario Vargas Llosa llamó “dictadura perfecta”.

No fueron pocos los mexicanos quienes emprendieron una pelea que era parecida a la de David y Goliat. Esto generó una serie de transformaciones que desmantelaron el sistema de partido, arrebató el poder omnímodo y estructuró órganos autónomos donde la ciudadanía fincó la confianza para el control político, la participación, la confianza, la transparencia y rendición de cuentas acordes no sólo con esa lucha, también con criterios internacionales que lo demandaban.

Sin embargo, esta semana el presidente de la República nuevamente hizo público el señalamiento de una eventual propuesta que reformaría la Constitución y desaparecer los órganos autónomos bajo el pretexto de que tales institutos han colaborado en el desmantelamiento del poder estatal, beneficiar a particulares, de supuesta inutilidad para ser suplidos por la artificial capacidad de ciertas Secretarías de Estado para absorber sus funciones bajo pretexto del ahorro y austeridad. Con todo, la intención se enviaría al Congreso de la Unión en el último período de sesiones de la LXIV Legislatura lo que daría un análisis al vapor y apresurado para desaparecer los organismos autónomos.

Tales instituciones se desmarcaron del poder para abrirlo a la ciudadanía. El Instituto Federal Electoral, por ejemplo, ahora es cuestionado por servir a la censura o bien, ser un órgano carísimo, vestigio del neoliberalismo que ya no sirve a su propósito de garantizar y organizar elecciones imparciales o bien el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos -INAI- fruto del reconocimiento del derecho humano y constitucional a la información que tiene cada ciudadanos el cual, con indignante ligereza, el Ejecutivo tacha de ser inútil y oneroso.

“¿Para qué tener un aparato administrativo costoso si el gobierno está obligado a informar y a transparentar todo lo que hace?”, diría el presidente de un gobierno señalado de opaco cuando el acceso a la información del gobierno, durante los primeros 11 meses de la presente administración, triplicaron las lagunas de información en comparación con el último gobierno príísta justificando el recurso de las “mañaneras” como gesto de trasparencia, cosa que no se puede comparar con las obligaciones legales del gobierno para rendir cuentas.

En medio de una crisis por la pandemia que ya arroja miles de muertos, la perspectiva morbosa del poder es sostener un criterio de omnipotencia para devolvernos a un pasado autoritario desmarcado de ciudadanía. Muchas veces se puede hablar de rendición de cuentas al pueblo, pero la realidad es otra. Sería la metamorfosis de una esperanza en la pesadilla del autoritarismo para desmantelar la democracia y reavivar de nuevo un pasado que costó sangre y lágrimas en la historia de la democracia de un país que, al final, no termina de madurar.

 

 

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