Editorial

Indignación y vergüenza

protestas

Cuando el poder del Estado es usado para reprimir y golpear a migrantes o para sofocar los reclamos de padres de familia de hijos enfermos no es sólo indignante y vergonzoso. Es verdaderamente una crisis de los derechos humanos.

Editorial CCM

Inéditas imágenes dieron la vuelta al mundo. No se trataba de opositores, adversarios políticos o manifestantes de cualquier movimiento. Su causa era la de la misma vida. Sin embargo, sus exigencias caen en saco roto ante la incapacidad e improvisación de un sistema inútil que ha generado reclamos como la de los padres de familia de niños y niñas enfermos de cáncer. Su única culpa es la protesta ante la falta de insumos, medicamentos y altas cuotas por el pago de servicios médicos después de la desaparición del Seguro Popular para sus hijos.

Y esas protestas fueron reprimidas sin importar la presencia de los menores. En las instalaciones del aeropuerto internacional, los manifestantes escalaron para poner su lucha en otra esfera ante la cerrazón de los políticos y funcionarios. Nadie pudo dar crédito al ver cómo lo que pretendía ser un reclamo pacífico y en silencio se convirtió en trifulca. Entre golpes, madres y padres pretendían seguir adelante y en medio, niños y niñas enfermos eran rehenes de lo ilógico.

Familias enteras sin medicamentos para tratamientos llevan varios meses en una lucha prolongada y desgastante que viene agravándose, por lo menos, en los últimos tres meses. Y aunque las autoridades hacendarias aseguran que las medicinas están garantizadas en los hospitales, lo único objetivo y real es la agudización de la crisis de salud contrastando con el discurso gubernamental. En otras entidades, situaciones similares agobian a familias enteras, las más pobres, que no encuentran salida ante el desabasto de medicamentos para sus hijos además exigirse cuotas exorbitantes e impagables debido a sus precarias condiciones.

En el otro polo, el uso de la fuerza contra los migrantes también es una respuesta desmedida y desproporcional. No se puede dar crédito cuando un cuerpo creado para la lucha contra la delincuencia es ahora la mexican border patrol que reprime a grupos de migrantes sin importar si hay menores. Situación inaudita que no escapa al reclamo de la opinión pública por las imágenes que creíamos jamás podrían suceder en México, no en este gobierno.

La represión, sin lugar a duda, es un atentado al régimen democrático y el actual gobierno que presume emanado de la izquierda, parece descarrilarse hacia las políticas propios de los autócratas. Es la represión democrática por incapacidad evidente fruto de la inexperiencia y la evasión que no pueden ser tolerados mientras el país se hunde en la parálisis. Todo parece indicar que la cuarta transformación de AMLO, la cual por cierto cada vez suena menos como eslógan de publicidad gobierno, no es garantía suficiente de respeto a los derechos fundamentales y el uso de la represión, sea policial o de la Guardia Nacional, es el método de afianzamiento de intereses, pero más escandaloso es ver cómo la violencia oficial es usada contra niños menores enfermos o inmigrantes que no tienen otro remedio que volver a la violencia de sus países de origen.

En el Plan Global de Pastoral PGP 2031-2033, los obispos de México indican con claridad la necesidad de para que en México se fortalezca “un Estado de derecho que sustente y asegure un orden justo para todos sus integrantes, que sea este marco donde todos los ciudadanos encuentren la seguridad de sus derechos y obligaciones que los lleven a construir la casa común que ellos desean”. Sin embargo, el ideal de justicia y de seguridad sólo parecen utópicas pretensiones de un gobierno con tintes autocráticos. Cuando el poder del Estado es usado para reprimir y golpear a migrantes o para sofocar los reclamos de padres de familia de hijos enfermos no es sólo indignante y vergonzoso. Es verdaderamente una crisis de los derechos humanos.

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