Editorial

Culiacán, el final del Estado de derecho

Se juega el destino del Estado de derecho y de la pacificación. Después de los hechos, la Iglesia católica mexicana exige lo que ahora parece haberse cedido bajo las condiciones del narco: la paz resultado de la tolerada impunidad por la cual las leyes son equivalentes a la nada.

Editorial CCM

Lo sucedido en Culiacán el pasado jueves 17 de octubre desata las más airadas protestas e inverosímiles apoyos y muestras de felicitación a un gobierno que, tardíamente, reaccionó para dar argumentos contradictorios y volátiles a fin de confirmar que la estrategia de seguridad va por buen camino para la pacificación que simplemente no llega.

Lo primero que salta es cómo los cárteles están ahí, poderosos, capaces de enfrentar a la autoridad estatal y a las fuerzas federales. Aún cuando el presidente de la República ha dado la palabra para decretar el fin de la guerra y no emprender acciones armadas contra los capos y devolver la paz después de más de una década de derramamiento de sangre, el desempeño de las fuerzas armadas se cuestiona seriamente. Un operativo repelido por un poder de fuego puso de rodillas a Culiacán emergiendo además cómo un poder paralelo doblegó la autoridad del Estado. Inverosímil también cómo desde el inicio de los enfrentamientos, el gobernador de Sinaloa decía no tener más información cuando la capital del Estado era cedida al control de la narcopaz.

La narcopaz fue producto de un binomio irreconciliable. El franco poder de los cárteles y la débil estrategia de las fuerzas de seguridad pública al que se añade la devolución del objetivo de captura para no desatar una masacre, un baño de sangre, el estado de guerra total. La tregua, si se le puede llamar así, implicó doblegar al poder estatal abdicando su principal obligación. Las preguntas son ineludibles: ¿Por qué un operativo de las fuerzas armadas desató tal infierno? ¿Qué falló en el trabajo de inteligencia? Si las fuerzas de seguridad y responsables de seguir la actividad de los grupos delincuenciales no se dieron cuenta o simplemente no sabían de tal poder del narco, eso resultaría absurdo y entonces los mexicanos estamos metidos, todos, en un gran problema.

Las respuestas ahora parecen tan simplistas como irresponsables. Los adictos a la 4T dicen que el presidente actuó sabiamente por el bien del pueblo ejerciendo una decisión difícil, pero acertada. Otros apuntan hacia soluciones más pragmáticas que no darán solución a la profunda crisis de inseguridad y esa es, a su parecer, la necesidad de la rápida legalización de las drogas que ya se asoma en el Congreso de la Unión. Sin embargo, ninguna de las dos podrá devolver la paz que se anhela. Los cárteles son ahora narcoimperios que difícilmente abdicarían tan sólo por la supuesta bondad que les abriría un negocio legal y tolerado de las drogas. Decirles mafia ya es poco.

Se juega el destino del Estado de derecho y de la pacificación. Después de los hechos, la Iglesia católica mexicana exige lo que ahora parece haberse cedido bajo las condiciones del narco: la paz resultado de la tolerada impunidad por la cual las leyes son equivalentes a la nada.

Sin embargo, la ciudadanía ahora percibe que esté ambiente es artificial y frágil. Hay incertidumbre, el sentimiento de que la 4T no es en realidad la otra revolución pacífica. El narco no está dispuesto a abrir sus brazos para decir abrazos, no balazos. Paradójicamente, la 4T es el mejor aliado que les ha entregado en charola de plata al Estado mexicano doblegando sus instituciones. En otros países creyentes del Estado de derecho, ya hubieran rodado las cabezas…

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