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Guardia Nacional, ¿Remilitarizar el país? – Editorial CCM

Guardia Nacional, ¿Remilitarizar el país?
Editorial CCM

 

¿Qué garantiza que la Guardia Nacional sea diferente?

El Plan Nacional de Paz y Seguridad del próximo gobierno parece decantar más ideas que certeza para lograr su eficacia en una de las tareas más urgentes e inaplazables: La seguridad de millones de mexicanos. Mientras planes y propuestas son presentados, más de 21 mil personas han muerto bajo circunstancias cada vez más inhumanas y crueles propinando los más execrables métodos de sufrimiento.

De sus ocho temáticas, prácticamente siete han sido planteadas por anteriores administraciones sin resultados efectivos: Combate a la corrupción e impunidad, la oferta de mejores empleos, el respeto a derechos humanos, la regeneración ética -o renovación moral- y la recuperación y dignificación de los sistemas carcelarios y prisiones. Es de llamar la atención la propuesta del gabinete de seguridad sobre un novedoso replanteamiento del concepto de seguridad nacional y del papel de las fuerzas armadas en las tareas de prevención y combate al delito para garantizar el orden.

La reestructuración podría hundir de nuevo el bisturí al orden jurídico para desaparecer corporaciones y generar otras que, ahora sí, serían las mejores. Después de los experimentos políticos con la Policía Federal -el último con un fallido intento administrativo y legislativo para crear un Cuerpo de Gendarmería- esta corporación, fue ganando un alto grado de profesionalización como instancia civil de seguridad; sin embargo, persiste el amago de una mutación para generar un híbrido militarizado echando mano de una figura que se pierde en los albores del México independiente cuando distintas facciones luchaban por su consolidación política: La Guardia Nacional (GN).

Si bien este nombre está incorporado al texto de la Constitución vigente, después de la Revolución no ha habido sexenio alguno que haya echado mano de una Guardia. Rémora histórica de las Constituciones de 1824 y 1857, la GN fue una especie de milicia “ciudadana”, contrapeso del Ejército y que estaba organizada a fin de proteger el sistema de estados federados cuando los gobernadores podían disponer de este cuerpo armado a su entero antojo ante las convulsiones internas.

De acuerdo con el estudio “Sobre la Guardia Nacional en México” publicado el 1 de marzo pasado, del capitán Alan Ruiz Moreno del Instituto de Investigaciones Estratégicas de la Armada de México, la GN tuvo un papel destacado ante el debilitamiento del Ejército nacional cuando el presidente Benito Juárez vence al imperio de Maximiliano para restaurar la República; posteriormente fue erosionándose por el centralismo del porfiriato.
No obstante la vigencia de la GN en el texto constitucional y diversos ordenamientos secundarios, en realidad no era de derecho positivo puesto que el concepto es rebasado por las graves necesidades de seguridad pública. Su diseño, a juicio de los especialistas, es prácticamente imposible, pero insiste en ser la mejor apuesta, podría decirse final y sin falla, de la próxima administración.
México ha dotado de infinitos recursos económicos al aparato de seguridad. De acuerdo con el estudio “El proyecto del presupuesto público federal para la función seguridad pública 2017-2018” de la Cámara de Diputados, “el Gobierno Federal en su función de preservación de la seguridad pública, le dio a esta política la más alta prioridad. Una de las medidas más importantes que se tomó desde el inicio de la pasada administración (2006-2012) ha sido incrementar significativamente el gasto público federal para la seguridad pública, que en el año 2006 ascendió a 50 mil 936.25 millones de pesos (mdp). Para el año 2018, el monto propuesto se incrementó a 170 mil 197.60 mdp, lo que implica que este gasto se ha más que triplicado durante este periodo”.

El Poder Legislativo ha dotado de infinitos recursos a una política prácticamente fallida. ¿Qué garantiza que la GN sea diferente? Al momento, sólo es discurso populista que siembra más dudas sobre la insistencia de involucrar militares en tareas de seguridad pública, cuestión estrictamente del orden civil.

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