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Tráileres, muerte e ineptitud – Editorial CCM

Tráileres, muerte e ineptitud

Editorial CCM

En cualquier país del mundo, conocer de dos tráileres repletos de cadáveres sin identificar hubiera sido suficiente para cesar al funcionario de más alto nivel de un gobierno para pagar por su irresponsabilidad de manera ejemplar.

Mientras la semana transcurría, la cifra osciló, así como inauditas excusas y el cese funcionarios ante los hechos horrorosos, por la franca decadencia del respeto a la vida y de reverencia ante la muerte. No eran sólo 157. Más de 270 muertos en tráIleres apilados en cajas frigoríficas es el desenlace de este capítulo de incompetencia e impotencia.

Guadalajara supo cómo dos camiones pasearon por avenidas y calles a cientos de cadáveres en surrealista espectáculo. Al destaparse, la mejor defensa de las autoridades fue la excusa del “sobrecupo” en las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), presentado en 2012 como “institución única” que enriquecería el Plan integral para la reforma al sistema de justicia penal en el Estado.
Los hechos provocan interrogantes hacia múltiples aspectos operativos y de diseño presupuestal de un gobierno que, poco a poco, ha venido colapsando ante la violencia, las desapariciones y asesinatos superando su poder creando un vacío de autoridad.

Sabemos ahora que un Instituto oficial apiló cadáveres en tráileres como si se tratara de basura. Además usó terrenos inadecuados. Hay 200 cuerpos inhumados en un predio donado por el municipio de Tonalá, engrosando la cifra a más de 440 evidenciando así anomalías graves que demuestran cómo la ley simplemente no tuvo aplicación alguna para la identificación de esos cuerpos maltratados violando, además, los derechos de los familiares de esas víctimas quienes no conocen la verdad.

La violencia asciende en Jalisco y en otras partes del país, revelando precariedades en la administración de justicia y de investigación del delito. Antes de que se conocieran los tráileres que sirvieron de morgues móviles, el recientemente cesado director del IJCF, a principios de septiembre, reconoció que “había algo de rezago” en el Instituto por falta de dinero. Un camillero, de acuerdo con sus afirmaciones, gana 8 mil pesos al mes mientras que un perito tiene un salario de 16 mil pesos cuando debería ser de, por lo menos, 28 mil pesos mensuales. Para otorgar pagos decorosos y abatir los pendientes del IJCF, se necesitarían más de 600 millones de pesos de presupuesto para el 2019.

En cualquier país del mundo, conocer de dos tráileres repletos de cadáveres sin identificar hubiera sido suficiente para cesar al funcionario de más alto nivel de un gobierno para pagar por su irresponsabilidad de manera ejemplar. Anteponer la ausencia de presupuestos no es motivo para dejar de lado la ética profesional y de respeto que se debe a los restos humanos. Sin embargo, la situación no es tan simple. Esto se ha conocido y ocurre en una Institución supuestamente bien estructurada que, en el pasado, fue catalogada como modelo a seguir. ¿Qué pasará en otros servicios forenses carentes de dinero y ocultos a la opinión pública, de ciudades o entidades más pobres?

A lo anterior se suma algo todavía más preocupante. Los tráileres de la muerte provocan el espectáculo reverencial por la necrolatría que insensibiliza a la sociedad, velando su razón para entender que este estado demencial de cosas no es normal. El arzobispo de Guadalajara, Cardenal José Francisco Robles Ortega, lo advierte categóricamente: el respeto y honorabilidad exigido “por los seres humanos en cualquiera de sus circunstancias, desde el más vulnerable e indefenso hasta el más desconocido e ignorado” parece diluirse ante la vorágine de la “violencia desatada en la que vivimos y que nos hace deducir que las instituciones de gobierno han sido rebasadas”.

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