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MÉXICO: INFORME DE 2017 SOBRE LA LIBERTAD DE CULTO

MÉXICO: INFORME DE 2017 SOBRE LA LIBERTAD DE CULTO

 

El Centro Católico Multimedial (CCM) informó que los sacerdotes y otros líderes religiosos en algunas partes del país siguieron siendo víctimas de asesinatos, secuestros, amenazas de muerte y extorsión por parte de grupos delictivos.

RESUMEN

La constitución garantiza que todas las personas tienen la libertad para profesar su religión, lo cual incluye el derecho de participar en ceremonias y actos de culto. La Dirección General de Asociaciones Religiosas (DGAR) adscrita al Ministerio del Interior, conocido como la Secretaría de Gobernación (SEGOB), trabajó con funcionarios estatales y locales en investigaciones penales referentes a grupos religiosos. Hacia fin del año, la DGAR había investigado tres casos ocurridos en el estado de Chiapas relacionados con la libertad de culto en el nivel federal, en comparación con seis en 2016. Los funcionarios públicos afirmaron que muchos de los asesinatos de sacerdotes católicos y de los ataques en su contra eran producto de las altas tasas de violencia delictiva generalizada en todo el país más que una selección deliberada por creencias religiosas. Algunos grupos protestantes evangélicos en zonas indígenas remotas denunciaron abuso y discriminación por otros miembros de la comunidad y afirmaron que los gobiernos locales no intervinieron eficientemente para ayudarlos. Según algunos expertos legales y organizaciones no gubernamentales (ONG), las leyes destinadas a conceder autonomía a las comunidades indígenas para ejercer el derecho tradicional habían dado a las autoridades locales la capacidad de hostigar a algunos miembros de los grupos religiosos minoritarios o de forzarlos a profesar la religión de la mayoría en la localidad. Algunos miembros de los grupos religiosos minoritarios en las comunidades indígenas dijeron que las autoridades locales les denegaron prestaciones y servicios públicos debido a su afiliación religiosa. Según la DGAR, casi todos los incidentes de discriminación por motivos religiosos estuvieron bajo la jurisdicción de gobiernos estatales y no bajo la del gobierno federal.

El Centro Católico Multimedial (CCM) informó que los sacerdotes y otros líderes religiosos en algunas partes del país siguieron siendo víctimas de asesinatos, secuestros, amenazas de muerte y extorsión por parte de grupos delictivos. Según el CCM, unos grupos delictivos asesinaron a cuatro sacerdotes y trataron de secuestrar a otros dos. El 25 de julio, grupos presuntamente delictivos detonaron un artefacto explosivo frente a la oficina de la Conferencia del Episcopado Mexicano en la Ciudad de México. En agosto, el CCM consideró a México el país más violento para los sacerdotes en América Latina por noveno año consecutivo. Varias ONG afirmaron que se escogió como blanco a algunos sacerdotes por su defensa de causas relacionadas con los derechos humanos. Algunos grupos protestantes evangélicos afirmaron que los líderes comunitarios locales presionaron a algunos protestantes en zonas principalmente rurales o indígenas de los estados de Chiapas y Oaxaca para que participaran en festividades culturales y religiosas católicas. Afirmaron que se habían registrado casos en los cuales quienes se negaban a participar en las festividades o, en ciertos casos, a convertirse al catolicismo, enfrentaban desplazamiento forzoso de sus comunidades, detención arbitraria por las autoridades locales o destrucción de sus bienes de propiedad por los líderes comunitarios. Representantes de la comunidad judía informaron que había pocos actos antisemitas y buena cooperación interreligiosa tanto por parte del gobierno como de organizaciones de la sociedad civil para sancionar esos actos.

Representantes de la Embajada y los Consulados de los Estados Unidos se reunieron con sus homólogos del Gobierno de México para tratar los motivos de preocupación acerca de la violencia hacia los sacerdotes católicos y otros líderes religiosos y las denuncias de discriminación hacia las minorías religiosas, en particular, los protestantes evangélicos, en algunas comunidades. Funcionarios de la embajada se reunieron con miembros de grupos religiosos y ONG para recopilar detalles sobre casos específicos. En diciembre, durante el Diálogo Anual Bilateral de Alto Nivel sobre Derechos Humanos entre los Estados Unidos y México, funcionarios del Gobierno de los Estados Unidos destacaron la importancia de proteger a los líderes religiosos.

Sección I. Demografía religiosa

El Gobierno de los Estados Unidos calcula que la población de México asciende a un total de 124,6 millones de habitantes (según cifras de julio de 2017). De acuerdo con el censo de 2010, alrededor del 83% de la población se identifica como católica romana y un 5% como protestante evangélica. Otros grupos religiosos, entre ellos los judíos, los testigos de Jehová, los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (mormones) y los musulmanes, en conjunto, constituyen menos del 5% de la población. Más de un 2% de la población dice que practica una religión no especificada de otra forma, y casi el 5% declara que no profesa ninguna religión. Algunas personas indígenas observan una religión sincrética basada en las creencias indígenas prehispánicas.

Las estadísticas oficiales basadas en auto identificación durante el censo de 2010 a veces difieren de las cifras de afiliación proporcionadas por los grupos religiosos. Unas 315.000 personas se identificaron como mormones en el censo de 2010. Sin embargo, las autoridades mormonas afirman que sus miembros ascienden a aproximadamente 1,3 millones. Hay grandes comunidades protestantes en los estados meridionales de Chiapas y Tabasco. En Chiapas, los líderes protestantes evangélicos afirman que casi la mitad de los 2,4 millones de habitantes del estado son miembros de grupos evangélicos, pero menos del 5% de los encuestados en el censo de 2010 en Chiapas se identificaron como protestantes evangélicos.

De acuerdo con el censo de 2010, la comunidad judía asciende a un total de unos 67.500 miembros, unos 42.000 de los cuales viven en la Ciudad de México y el estado de México. Casi la mitad de los cerca de 4.000 musulmanes del país se concentran en la Ciudad de México y el estado de México. También hay una pequeña población musulmana ahmadí de varios centenares de miembros que viven en Chiapas y que, en su mayoría, son conversos y de origen étnico tzotzil maya. Además, existen pequeñas comunidades indígenas bahaíes cuyo número llega a centenares. Alrededor de la mitad de unos 100.000 menonitas se concentran en el estado de Chihuahua.

Sección II. Situación del respeto del gobierno hacia la libertad de culto

Marco legal

La constitución declara que toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho de participar, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley. El Congreso no puede dictar leyes que establezcan ni prohíban religión alguna. La constitución define al país como laico y establece la separación entre la religión y el Estado. Prohíbe cualquier forma de discriminación, incluso por motivos religiosos.

Para establecer una asociación religiosa, los solicitantes deben certificar que la iglesia o el grupo religioso observa, practica, propaga o imparte una doctrina religiosa o un cuerpo de creencias religiosas; ha llevado a cabo actividades religiosas en el país durante al menos cinco años; ha establecido una sede fija en el país; y demuestra tener activos suficientes para lograr su propósito. Las asociaciones registradas pueden organizar libremente sus estructuras internas y adoptar estatutos o reglas referentes a su autoridad y sus operaciones, incluso la capacitación y el nombramiento de su clero. Pueden participar en el culto público y celebrar actos para el cumplimiento del propósito de la asociación que sean legales y sin fines de lucro. Pueden propagar su doctrina, dentro de los reglamentos aplicables y participar en la creación, la gestión, el mantenimiento y la operación de instituciones educativas y de bienestar y salud privadas, siempre que no persigan fines de lucro.

Los grupos religiosos no están obligados a registrarse ante el gobierno para funcionar. Sin embargo, se exige el registro ante la DGAR para negociar contratos, comprar o alquilar terrenos, solicitar permisos oficiales de construcción, recibir exenciones de impuestos o celebrar reuniones religiosas fuera de los lugares habituales de culto. Las asociaciones religiosas deben notificar al gobierno sobre su intención de celebrar una reunión religiosa fuera de sus lugares autorizados para el culto. No pueden realizar reuniones políticas de ningún tipo.

El gobierno federal coordina los asuntos religiosos a través de la SEGOB. Dentro de la SEGOB, la DGAR promueve la tolerancia religiosa, realiza mediación en conflictos e investiga los casos de intolerancia religiosa. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) es una entidad federal autónoma responsable de garantizar los derechos de no discriminación y de igualdad de oportunidades, incluso de los grupos religiosos minoritarios. Si una parte presenta una controversia por aserciones de intolerancia religiosa, la DGAR se encarga de mediar en el logro de una solución. Si la mediación fracasa, las partes podrán someter la cuestión a la DGAR para que dicte un arbitraje de cumplimiento obligatorio, o buscar un remedio judicial. Cada uno de los 32 estados tiene oficinas con responsabilidad sobre asuntos religiosos.

Hasta el 27 de octubre, había 8.908 asociaciones religiosas registradas por la DGAR. Comprendían 8.869 cristianas (un aumento de 171 desde el año 2016), 13 budistas, 10 judías, dos hinduistas, tres islámicas y dos grupos de la Sociedad Internacional para la Concientización sobre Krishna. Los bahaíes y los musulmanes ahmadíes no estaban oficialmente registrados.

La constitución establece que los actos religiosos públicos deben realizarse dentro de lugares de culto. Se prohíbe que los miembros del clero activos desempeñen cargos públicos, defiendan opiniones políticas partidistas, apoyen a candidatos políticos o se opongan públicamente a las leyes o instituciones del Estado.

La ley declara que las personas privadas de su libertad “gozarán de todos los derechos previstos por la constitución y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, siempre y cuando estos no hubiesen sido restringidos por la resolución o la sentencia, o su ejercicio fuese incompatible con el objeto de éstas”. La ley les garantiza a los presos un trato digno y equitativo por parte del personal carcelario sin distinción por preferencias religiosas.

Los grupos religiosos deben solicitar permisos para construir nuevas edificaciones o para convertir las existentes en casas de culto. Todas las edificaciones religiosas construidas después del 27 de enero de 1992 son de propiedad del grupo religioso que las erigió y están sujetas al pago de los impuestos pertinentes. Todas las edificaciones religiosas construidas antes de esa fecha se consideran parte del patrimonio nacional y son de propiedad del Estado.

La constitución exige que la educación pública sea laica y excluya cualquier doctrina religiosa. Se permite que los grupos religiosos dirijan escuelas privadas y celebren ceremonias religiosas en sus planteles. Los colegios privados afiliados a un grupo religioso están abiertos a todos los estudiantes, independientemente de sus creencias religiosas o de la ausencia de ellas; los alumnos de esos colegios están exentos de participar en actividades y cursos religiosos si no están afiliados al grupo religioso del plantel. La educación en el hogar está permitida en el nivel secundario después de haber finalizado los estudios en una escuela primaria acreditada.

Dentro de las clases de visa existentes, los ministros del culto y asociados religiosos de origen extranjero pueden obtener una visa de residente temporal o de visitante sin permiso para realizar actividades religiosas remuneradas.

Según la ley, los grupos religiosos no pueden poseer ni administrar estaciones de radio o televisión. Se requiere un permiso del gobierno para que las cadenas comerciales de radio o de televisión transmitan programación religiosa.

De acuerdo con la constitución, las comunidades indígenas tienen derecho a la autonomía y pueden “decidir sus formas internas de convivencia” y tener sistemas legales separados para “regular y resolver sus conflictos internos”. La constitución también protege el derecho de los líderes indígenas de practicar sus propios “usos y costumbres” particulares. A veces, estos derechos están en conflicto con los principios generales y los derechos fundamentales previstos en la constitución, incluso los de libertad de culto.

El país es signatario del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Afirma que existen las siguientes limitaciones constitucionales con respecto al Pacto: una limitación (al artículo 18) a efectos de que los actos religiosos deben realizarse en lugares de culto, salvo que se les conceda un permiso previo, y una reserva (al artículo 25) a efectos de que los ministros de culto no tienen ni voto pasivo ni el derecho a formar asociaciones políticas. La educación profesional de los ministros no goza de reconocimiento oficial.

Prácticas del gobierno

Algunos grupos evangélicos declararon que, en su opinión, el gobierno no respondía en la debida forma a sus denuncias de abuso y discriminación por parte de otros grupos religiosos y líderes comunitarios, particularmente en las comunidades indígenas. Afirmaron que algunos protestantes en zonas predominantemente rurales o indígenas de Chiapas y Oaxaca fueron presionados por los líderes indígenas locales, que obraban bajo una estructura jurídica especial de “usos y costumbres” protegida por la constitución, a participar en actividades religiosas y culturales católicas, y algunos declararon que se les presionaba para convertirse o volver al catolicismo. Según los líderes evangélicos, quienes se negaban a hacerlo sufrían desplazamiento forzoso de sus comunidades, detención arbitraria por las autoridades locales o destrucción de sus bienes de propiedad por líderes comunitarios.

Según algunos expertos legales y ONG, las leyes destinadas a conceder autonomía a las comunidades indígenas para ejercer su derecho tradicional conferían a las autoridades locales la facultad de hostigar a algunos miembros de los grupos religiosos minoritarios o de forzarlos a observar la religión mayoritaria de la localidad. Las ONG y algunas organizaciones religiosas siguieron declarando que varias comunidades rurales e indígenas esperaban que sus habitantes, independientemente de su credo, participaran en reuniones religiosas comunitarias y pagaran por ellas y, en algunos casos, se unieran a la religión de la mayoría. Hubo continuas denuncias de que las personas que se adherían al grupo religioso minoritario o provenían de fuera de la comunidad en misión de proselitismo eran discriminadas por los demás dentro de la comunidad. Algunos miembros de los grupos religiosos minoritarios en las comunidades indígenas dijeron que las autoridades locales les denegaban prestaciones y servicios públicos debido a su afiliación religiosa.

En algunos casos, la DGAR trabajó con las autoridades estatales y locales en investigaciones penales referentes a grupos religiosos. Al finalizar el año, había investigado tres casos relacionados con la libertad de culto en el ámbito federal, en comparación con seis en 2016. Todos los casos investigados por la DGAR ocurrieron en el estado de Chiapas. Según la DGAR, casi todos los incidentes de discriminación por motivos religiosos estuvieron bajo la jurisdicción del gobierno estatal y no bajo la del gobierno federal. Por lo común, las autoridades municipales y estatales mediaron en las controversias entre grupos religiosos. Algunos grupos informaron que las autoridades raras veces procuraban obtener un remedio judicial de los líderes locales infractores y a menudo desconocían las leyes aplicables, por lo cual más bien preferían lograr soluciones con mediación informal. Los grupos siguieron afirmando que era reducido el número de investigaciones y enjuiciamientos relacionados con delitos o abusos motivados por la creencia o la práctica de una víctima y que, en parte, eso era el resultado de la escasez de recursos destinados a las instituciones y organizaciones federales y estatales que trabajaban en materia de libertad de culto.

Según Christian Solidarity Worldwide (CSW), en agosto, siete familias protestantes de la comunidad yaltzí, en el ejido de Tres Lagunas dentro del ayuntamiento de Comitán en el estado de Chiapas, fueron desplazadas a la fuerza por líderes ejidales por causa de sus creencias. El grupo constaba de 30 personas, entre ellas varios niños. Las familias declararon que se les había presionado a contribuir a un festival católico y a ayudar a cubrir los viáticos de un sacerdote católico visitante que celebró Misa en la comunidad. Cuando se negaron, las autoridades ejidales les cortaron el suministro de agua y luz el 14 de agosto. Según informes, para intensificar la presión, un grupo de ejidatarios encabezados por el comisario ordenó la detención de los protestantes en la cárcel del ejido durante un fin de semana. CSW señaló que los líderes ejidales de la localidad amarraron a los protestantes, los amenazaron de muerte y les negaron alimentos y agua. Mantuvieron a otros protestantes bajo arresto domiciliario. Después de haber tenido a las siete familias encarceladas o bajo arresto domiciliario del 20 al 21 de agosto, los líderes ejidales las expulsaron a la fuerza de los lugares de su propiedad y de la comunidad yaltzí. CSW informó que el gobierno estatal no tomó ninguna medida para resolver el caso. La Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos, órgano federal, envió una carta al gobierno estatal en la cual solicitaba información sobre las medidas que había tomado este último para proteger a las siete familias, a quienes no se les permitió regresar a su casa.

Según las autoridades del estado de Jalisco, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos confirmó que el 4 de diciembre se expulsó a 75 miembros de minorías religiosas de la comunidad de Tuxpan de Bolaños. En los noticieros, los líderes wixáricas (también llamados huicholes) de la localidad declararon que habían expulsado a los residentes que eran testigos de Jehová y bautistas, también pertenecientes al grupo indígena wixárica, por negarse a participar en algunas actividades comunitarias por motivos religiosos. La Secretaría General de Gobierno del estado de Jalisco informó que el gobierno garantizaría asistencia a los miembros expulsados de la comunidad. La Fiscalía de Derechos Humanos de Jalisco confirmó que el gobierno estatal había nombrado grupos de trabajo para conciliar el derecho a seguir las tradiciones y costumbres de los pueblos indígenas con el derecho a la libertad de culto.

Según la DGAR, el gobierno federal siguió fomentando el diálogo con los actores religiosos con la meta declarada de asegurar el ejercicio de la libertad de culto y de resolver los conflictos surgidos de la intolerancia religiosa. Según el CONAPRED, casi todas las quejas de discriminación por motivos religiosos que recibió guardaron relación con la indumentaria religiosa de los musulmanes, los comentarios contra ellos y la denegación del tratamiento en algunos hospitales a los testigos de Jehová por rechazar las transfusiones de sangre. El CONAPRED afirmó que había ayudado en la mediación en conflictos con respecto a esas quejas.

Los líderes de la comunidad judía dijeron que, si bien las actitudes antisemitas seguían siendo un motivo de preocupación, el gobierno tomaba en serio el asunto y colaboraba estrechamente con los líderes judíos del país para abordar la incitación al odio y los incidentes de discriminación.

Sección III. Situación del respeto mostrado por la sociedad hacia la libertad de culto

Según las ONG y los informes de prensa, los sacerdotes católicos y otros líderes religiosos siguieron siendo objeto de ataques y víctimas de asesinatos, intentos de extorsión, amenazas de muerte, secuestros e intimidación por parte de grupos delictivos organizados. Las autoridades del gobierno federal afirmaron que esos incidentes no eran el resultado de una selección deliberada por creencias religiosas, sino más bien incidentes relacionados con la delincuencia en general.

El CCM informó que las jurisdicciones más peligrosas para los sacerdotes eran Chiapas, Tabasco, la Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, el estado de México, Jalisco, Nayarit, Veracruz, San Luis Potosí, Colima, Culiacán, Tabasco, Michoacán, Guerrero y Tamaulipas. También denunció el asesinato de cuatro sacerdotes, dos intentos de secuestro de sacerdotes y atentados a la Catedral Metropolitana y a la oficina de la Conferencia del Episcopado Mexicano ocurridos durante el año. Afirmó que, por noveno año consecutivo, consideraba a México como el país más violento para los sacerdotes en América Latina.

En enero, el Padre Felipe Altamirano Carrillo, un sacerdote indígena de Nayar, Nayarit, fue asesinado mientras conducía un vehículo. Según los noticieros, fue víctima de un asalto. La investigación continuaba a finales del año.

La policía arrestó y las autoridades acusaron a un sospechoso después de la agresión que sufrió el 15 de mayo el Padre José Miguel Machorro, quien fue apuñalado frente a su iglesia después de celebrar Misa en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Murió el 3 de agosto a causa de las heridas. Los informes indican que la motivación fue delictiva.

Las autoridades locales afirmaron que el motivo del asesinato del Padre Luis López Villa en su casa en el estado de México el 5 de julio fue un asalto, conclusión disputada por el CCM, que afirmó que había pocas pruebas de que hubiera sido un asalto y que más bien se trataba de un “homicidio brutal y premeditado”. Las autoridades arrestaron a un sospechoso.

En marzo, unos asaltantes secuestraron al sacerdote católico Óscar López Navarro en el estado de Tamaulipas. El presbítero fue liberado ese mismo mes, según informes, después de pagar una suma no revelada por su rescate.

El 25 de julio, un sujeto no identificado colocó explosivos en la sede de la Conferencia del Episcopado Mexicano, la principal organización católica del país. La explosión causó daños a la edificación, pero no hubo heridos porque el atentado ocurrió a altas horas de la noche. El 4 de agosto, un hombre colocó una bolsa de explosivos en la puerta principal de la oficina de la Conferencia del Episcopado Mexicano, adyacente a la Basílica de Guadalupe. Más tarde, la bolsa explotó y causó algunos daños al inmueble.

En agosto, CSW declaró que unos maestros habían forzado a una niña de 13 años, hija de un pastor protestante, en El Mosco, estado de Oaxaca, a participar en las festividades del Día de los Muertos –en las cuales se mezclan los días sagrados de la Iglesia católica con las tradiciones indígenas– y que la directora la amenazó con bajarle las calificaciones si seguía negándose a participar. A finales del año, no estaba claro cuál sería el resultado del incidente.

Representantes de la comunidad judía informaron que había pocos actos antisemitas y buena cooperación interreligiosa tanto por parte del gobierno como de organizaciones de la sociedad civil para abordar lo que, según ellos, eran casos aislados de actos antisemitas.

Sección IV. Política e interacción del Gobierno de los Estados Unidos

Representantes de la Embajada y de los Consulados de los Estados Unidos se reunieron con funcionarios públicos encargados de asuntos religiosos e indígenas a nivel federal y estatal. Expresaron su preocupación por los continuos asesinatos de sacerdotes católicos y abusos contra las minorías religiosas, particularmente contra los protestantes evangélicos, por parte de los grupos mayoritarios y las autoridades locales.

Los funcionarios de la embajada se reunieron con varios miembros de grupos religiosos y de ONG de afiliación religiosa, entre ellos Libertad y Dignidad, el Comité Central de la Comunidad Judía de México, la Tribuna Israelita, el Centro Católico Multimedial, Impulso 18 y la Coordinación de Organizaciones Cristianas, para tratar la seguridad de los religiosos que trabajan en causas humanitarias, evaluar la situación de la libertad de culto y expresar apoyo a la tolerancia religiosa.

En diciembre, durante el Diálogo Anual Bilateral de Alto Nivel sobre Derechos Humanos entre los Estados Unidos y México, funcionarios del Departamento de Estado destacaron la importancia de proteger a los defensores de derechos humanos, incluso a los líderes religiosos.

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