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EDITORIAL CCM: Candidatos de lado de los ciudadanos…

 

EDITORIAL CCM

Candidatos de lado de los ciudadanos…

 

En medio de la convulsión social por la crisis de inseguridad, este proceso debería guardar los más altos estándares en la selección de aspirantes a un cargo público. No se trata de que la autoridad electoral funja como ministerio público, es el legítimo reclamo para que partidos y responsables en la organización de elecciones realicen una tarea que es de su competencia: otorgar la seguridad y certeza de que quienes nos gobernarán están de lado de los ciudadanos

 

A casi un mes de la jornada electoral donde se ponen en juego más 3 mil 400 cargos de elección popular -entre los que están 9 gubernaturas-, la ciudadanía poco conoce de los candidatos más próximos a la realidad de las colonias o barrios, aquéllos que compiten por curules locales, una regiduría o aspiran a alguna concejalía además de las presidencias municipales. Aspirantes con el uso de recursos públicos que impactarán directamente la forma de vida de comunidades urgidas de propuestas y soluciones efectivas más que de enconos entre partidos multicolores o de candidatos independientes.

De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, no sólo están en disputa 500 curules y 128 escaños del Poder Legislativo Federal; hay más de mil 500 ayuntamientos en juego y cerca de mil diputaciones de mayoría relativa y representación proporcional en los Estados donde se renueva el Poder Legislativo. Sin embargo, el electorado carece de la certeza razonable para conocer cuál es la probidad moral o la impecabilidad de un aspirante al gozar de un expediente limpio, íntegro y libre de sospechas, dudas o de cualquier implicación en materia penal.

Lo anterior no es menor cuando en el sexenio que languidece hubo lamentables colusiones que, ya en el poder, desataron los capítulos más negros de la historia reciente como aquella pareja imperial de Iguala sobre la que recaen los principales señalamientos en torno a la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

En este proceso se asoman algunos casos. Son de llamar la atención porque, en su ansia de poder, se han valido del fraude a la ley para presentarse al electorado como impecables. En Chiapas, apuntaron contra candidatos -reciclados en partidos- sobre los que pesan delitos de privación ilegal de la libertad, robo agravado, asociación delictuosa, tortura o secuestro; en Hidalgo, otros fueron exhibidos por la comisión de fraude o peculado mientras que en Jalisco, se dio una lucha judicial a fin de destruir los antecedentes penales de un candidato acusado del delito de portación de arma prohibida. En el Estado de México, se apuntó hacia aspirantes quienes tendrían relaciones familiares o de negocios con presuntos líderes del crimen.

Sin embargo, lo más preocupante ha sido la aprehensión de candidatos señalados por delitos graves durante este proceso electoral. En Morelos, un aspirante a la alcaldía de Amacuzac fue detenido por secuestro y delincuencia organizada; en Tamaulipas, otro político fue puesto ante las autoridades por acusaciones directas por sus vínculos con el crimen organizado. En Yucatán, uno más por la portación de arma prohibida y de grandes cantidades de dinero en efectivo.

En medio de la convulsión social por la crisis de inseguridad, este proceso debería guardar los más altos estándares en la selección de aspirantes a un cargo público. No se trata de que la autoridad electoral funja como ministerio público, es el legítimo reclamo para que partidos y responsables en la organización de elecciones realicen una tarea que es de su competencia: otorgar la seguridad y certeza de que quienes nos gobernarán están de lado de los ciudadanos, no de intereses propios y mucho menos de lado de aquéllos que se empeñan en destruir a México.

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