Editorial

Difamación, “verdad jurídica”

Editorial CCM

Difamación, “verdad jurídica”

 

El caso de los padres Germaín Muñiz García e Iván Añorve Jaimes es la punta del iceberg que oculta la carencia de profesionalización de los ministerios públicos como factor propicio de corrupción e impunidad.

 

México continúa en situación grave y delicada debido a las condiciones de violencia e inseguridad en regiones urbanas o rurales del país donde parece que el estado de derecho sólo es buen propósito de campaña electoral sin hacerlo realidad mientras se gobiernan localidades a merced del crimen organizado que, literalmente, hacen un poder paralelo al de aquéllos electos mediante el voto popular por el fracaso e incompetencia de autoridades responsables de perseguir los delitos y hacer posible el acceso a la justicia.

Esta semana cierra con la demostración más lamentable de cómo un fiscal echó mano de la difamación como supuesta verdad contra la certeza jurídica y la aplicación de la ley conforme a la Constitución Política y leyes secundarias a la que debería estar obligado. La muerte de los sacerdotes Germaín Muñiz García e Iván Añorve Jaimes tuvo detrás lo más inaudito en lugar de la aplicación plena del estado de derecho.

Tras el crimen de los dos presbíteros de forma artera e impune, las autoridades ministeriales del estado de Guerrero aparecieron, con sorprendente eficiencia, a dar razones del crimen con lo que suponía eran argumentos contundentes para convencer a la opinión pública de que lo dado por la fiscalía era la mejor forma de construir una investigación penal: A través de hipótesis débiles, suposiciones inverosímiles y supuestas pruebas sin fundamentos. Las declaraciones enfrentaron a las autoridades estatales con la Iglesia católica de Chilpancingo- Chilapa y Acapulco demandando lo que exige la simple razón y el sentido común, ceñirse a la verdad demostrada con objetividad. Lo mismo hizo la Conferencia del Episcopado Mexicano cuando, a través de su secretario general, exigió el “esclarecimiento exhaustivo de los hechos”.

Estamos frente a una lamentable condición que abre frentes muy delicados. La difamación como “verdad jurídica” es la mejor apuesta ante la incompetencia de funcionarios que parece que sus estudios de derecho fueron tomados de oídas. La naturaleza del Ministerio Público y, en consecuencia, de las fiscalías o procuradurías, es la de constituirse como defensoras de la sociedad ante la vulneración de bienes jurídicamente tutelados que son dañados e importan a la ciudadanía. La persecución de delitos y el ejercicio de la acción penal no son, por lo tanto, facultades a la ligera, tienen razón de ser para proteger los derechos de las víctimas y de la sociedad en general.

El caso de los padres Germaín Muñiz García e Iván Añorve Jaimes es la punta del iceberg que oculta la carencia de profesionalización de los ministerios públicos como factor propicio de corrupción e impunidad. El fiscal general de Guerrero, con suma estupidez o infortunado cálculo político, usa la difamación para culpar a los occisos. Lo peor es que, en lugar de proteger el interés social, opta por la protección de los homicidas a quien se supone debería perseguir, no a dos muertos que ya no se pueden defender.

La fiscalía de Guerrero, a la cual la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha dirigido recomendaciones debido a la inactividad procesal o por faltas graves para hacer posible el acceso a la justicia, es de estas entidades que hacen del derecho y la ley letra muerta en un Estado azotado por la violencia.

Hoy dos jóvenes sacerdotes perdieron la vida y su buena fama es enlodada por hechos no demostrados; sin embargo, ¿cuántos mexicanos inocentes han perdido la vida o están en la cárcel porque la difamación fue la “verdad jurídica” de fiscalías incompetentes mientras los culpables gozan de plena impunidad y se pasean por las calles?

 

 

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