Editorial

Crisis del Poder Legislativo

Adoradores de caprichos, gustos desmedidos y exquisiteces de una clase que usa sus cargos para satisfacer mezquindades y afianzar los controles agobiantes de la partidocracia en el Poder Legislativo de la Unión.

A finales de la década de los 70 del siglo pasado, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se reformó para incorporar el principio de Representación Proporcional en la elección de cien legisladores de la Cámara de Diputados; después, los “plurinominales” se aumentaron al doble en 1986 y en el Senado fueron introducidos hasta 1997. El principio obedeció a una apertura de partidos para reflejar la pluralidad política, aumentar el número de integrantes de las asambleas con el fin de equilibrar las fuerzas e ideologías ahí representadas, evitar las mayorías absolutas y, en general, construir un sistema de partidos con legitimación donde todos pudieran tener cabida y preparar a la oposición para ser gobierno.

No obstante las presuntas bondades de la Representación Proporcional, la realidad del país se ha transformado demográfica y electoralmente, cuestionando si son necesarios estos plurinominales. Además, el reclamo es creciente al preguntar si este sistema de equilibro es efectivo, sobre todo ante la crisis que arroja serias dudas sobre el Legislativo como institución de control y de poder del pueblo y para el pueblo. A pesar de la reforma estructural político-electoral, los diputados y senadores electos por este principio se conservaron en número, 200 para la Cámara Baja y 32 para la Cámara Alta, introduciendo además la reelección para que, a partir del 2018, los diputados puedan ocupar el cargo hasta por cuatro períodos consecutivos y los senadores hasta por dos períodos consecutivos, ignorando así los reclamos sociales.

Es sabido que los legisladores están afectados por la falta de credibilidad y la ciudadanía cuestiona si su representatividad es aceptada plenamente al ser retribuidos con sumas exorbitantes comparadas con la indignante situación de millones de pobres que viven con  alrededor de mil pesos mensuales. Según los datos de transparencia de la Cámara de Diputados, un legislador goza de una dieta mensual neta de 74 mil pesos –sumando los apoyos económicos por su “noble labor” de representante popular, esto es, la asistencia legislativa recompensada con 45 mil 786 pesos y de atención ciudadana con 28 mil 772 pesos–, ganancias que no observan otras prestaciones y gratificaciones; de igual forma, el Manual de Percepciones de los Senadores y Servidores Públicos asigna una dieta mensual de 117 mil pesos, sin contar otros conceptos a los que un senador tiene derecho en seis años de gestión.

La propuesta de Consulta Popular para eliminar a cien diputados plurinominales y a los 32 senadores de las listas nacionales es clara argucia populista que no resuelve el fondo del asunto: la crisis de representatividad de los legisladores. El nuevo instrumento que suponía el empoderamiento ciudadano, la Consulta Popular, comienza a ser un botín mediático de partidos políticos con miras a la distribución del poder en 2015 engañando al electorado con legislaciones hechas a modo.

Recortar el número de legisladores exigiría la austeridad y disminución inmediata de los elevados recursos del presupuesto destinado a las Cámaras; sin embargo, el ardid de la Consulta Popular no permite inferir si se acabará con la opacidad, la falta de rendición de cuentas, la opulencia y los onerosos costos que solapan curules y escaños de políticos consentidos, adoradores de caprichos, gustos desmedidos y exquisiteces de una clase que usa sus cargos para satisfacer mezquindades y afianzar los controles agobiantes de la partidocracia en el Poder Legislativo de la Unión.

Fuente: Siame.mx 31 de agosto de 2014

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