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Del Estado fallido al Estado de necesidad, Michoacán

La “máquina asesina” ya no es operada por el dictador y el sistema burocrático totalitario; en México, esa máquina es controlada mediante palancas y pedales de un Estado rebasado.

¿Es la historia cíclica o lineal? Y esto es de mencionar por la notable coincidencia de lo sucedido en 1994 en Chiapas y la creación de la Comisión de Concordia y Pacificación. Veinte años después, y en sus dimensiones correspondientes, Michoacán vive un levantamiento producto del vacío legal y de la incompetencia gubernamental. La creación de una Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, por decreto publicado en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación del 15 de enero, obedece a un “debilitamiento” institucional propiciando expresiones violentas de la delincuencia organizada y de otros grupos armados, mermando el Estado de Derecho donde se desarrollan las relaciones entre el gobierno y los habitantes de Michoacán.

La Comisión es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación lo que implica el uso de recursos  y de unidades administrativas para lograr su objeto el cual quedó indicado en el decreto promulgado por el Ejecutivo: Ejercer la coordinación de todas las autoridades federales para el restablecimiento del orden y de la seguridad en el Estado de Michoacán y su desarrollo integral, bajo un enfoque amplio que abarque los aspectos políticos, sociales, económicos y de seguridad pública. Para ello, el Comisionado contará con facultades amplísimas para ser intermediario con el gobierno local y disponer del auxilio de las fuerzas armadas y de la policía federal.

Si bien la creación de esta Comisión se ubicó en el uso de las facultades concedidas al Presidente para garantizar la seguridad en cualquier parte de la federación, ese mismo órgano es consecuencia de un vacío enorme en el sistema legal y de procuración de justicia, atacando más los efectos que las causas. Aunado a lo anterior, la carta pastoral del obispo de Apatzingán demostró que después del Estado fallido denunciado ahora hay un “Estado de necesidad”. La Comisión presidencial es efecto de eso.

Quienes han seguido esta escalada de la violencia en Michoacán, saben muy bien que la cruenta guerra entre criminales donde aparecían mantas, cuerpos desmembrados y horror, fue descuidada con el típico “aquí no pasa nada” y “sólo es un problema” entre capos y sicarios sin afectar a los civiles. Después, las cosas se elevaron cuando las agresiones se extendieron a otros Estados y los criminales tomaron el vacío de poder causado por las autoridades de los tres niveles de gobierno. Ocuparon las actividades económicas, se adueñaron del producto del trabajo y, más grave aún, manejaron y administraron plazas enteras fuentes de la riqueza ilícita no sólo proveniente de las drogas. La corrupción y la ausencia de la autoridad estatal movió a los ciudadanos indispuestos a seguir cooperando con las lacras que además de despojarles, los sumieron en el miedo y tomaron las armas expandiendo sus redes de protección a otros municipios poniendo en alarma al gobierno michoacano.

Sin embargo, los grupos de autodefensa en Michoacán tienen líderes y más líderes que no las conforman homogéneamente. Primero, autoridades municipales las rechazan y después las aceptan; otros admiten que hay influencia del crimen organizado. La Iglesia de Apatzingán ha dado un respaldo a estas defensas porque no tuvieron otra opción que la de las armas ante el descrédito del gobierno y del ejército que no han desmembrado, desmantelado y acabado con las células criminales que atacaron las actividades ordinarias.

La fractura del Estado fallido en el Estado de necesidad es clara en este conflicto que pone en duda los anhelos de desarrollo y progreso del presente gobierno. En 1994, el sueño del país ocupando un sitial entre las grandes economías, se turbó por la rebelión indígena de Chiapas. Después de la fiebre de las reformas estructurales y de los sueños de paz y desarrollo prometidos por el presente gobierno, la cosa parece repetirse y de forma más grave porque, al iniciar el 2014, la olla de presión explotó al evidenciar factores socioeconómicos fallidos, seguridad vulnerada, violencia reiterada, marginación en muchas dimensiones sociales, delincuencia dueña de los destinos de un Estado y hasta de la voluntad de los ciudadanos quienes se organizan, sí ilegalmente, para asumir funciones correspondientes a la maquinaria estatal y federal.

Pero la cosa se agrava más cuando el ejército, en funciones que no le corresponden, toma la autoridad y dispara contra civiles empezando mal lo que supone una buena causa. Y de nuevo, otra omisión. La legislación en materia de seguridad nacional y penal tiene lagunas enormes al no delimitar claramente las funciones de las fuerzas armadas cuya naturaleza no es ser policía. En pleno conflicto michoacano, otra omisión sumada a la anterior: el debilitamiento de los sistemas de inteligencia y nulos resultados para capturar a quienes deberían estar tras las rejas.

La Iglesia católica de Apatzingán ha reiterado su cooperación, ayuda y compañía en esta situación dramática de Michoacán. Si bien el impacto de la última carta del obispo Miguel Patiño no tuvo mayor repercusión en medios de comunicación masivos, afortunadamente la prensa y web difundieron esas palabras reclamando el Estado de necesidad donde trabaja una “máquina asesina”. Es providencial que el obispo haya citado a un pastor luterano demostrando que la fragilidad de la paz en Michoacán y sus consecuencias no son exclusivamente de esa entidad y sus habitantes y sí responsabilidad de todos los que vivimos en este país y más de los que ostentan autoridad y decisión legítimas. La “máquina asesina” del totalitarismo alemán descrita por el teólogo y pastor Bonhoeffer se mueve en un Estado que presume ser democrático y libre. La “máquina asesina” ya no es operada por el dictador y el sistema burocrático totalitario; en México, esa máquina es controlada mediante palancas y pedales de un Estado rebasado, de la delincuencia fortalecida, consentida y tolerada, de la corrupción engrasante y la descomposición de un orden permitiendo la justicia por propia mano cuando los responsables cruzaron los brazos ante la destrucción.

Guillermo Gazanini Espinoza / Secretario del Consejo de Analistas Católicos de México. 16 de enero.
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