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En la Cámara nunca lo dirán

Algunos años atrás, viví de cerca la pobreza indignante y escandalosa de los michoacanos. Invitados a celebrar semanas santas, el párroco del municipio de Susupuato, en la diócesis de Tacámbaro, nos distribuyó en las apartadas comunidades de la parroquia cercana a Zitácuaro, entre las zonas serranas de México y Michoacán, para estar con las comunidades apartadas y encarnarnos en sus necesidades de fe y de desarrollo. Niños y niñas mocosos, malnutridos; mujeres en situación de violencia y desventaja, comunidades sin hombres y pobladas de ancianos, gente que vivía sin agua corriente y electricidad en casuchas cuyo patrimonio eran muebles desvencijados y fogones de leña por cocina; tierras estériles y áridas incapaces de producir una parcela familiar. En esos días de celebración cuaresmal, los misioneros recibíamos lo mejor en medio de la miseria; a pesar de las carencias era gente noble, de fe, con la esperanza de justicia y de una vida mejor aún cuando tuvieran que dejar su comunidad para ir al norte. Su atraso era aprovechado por políticos colgándose la medalla del mérito por los pocos y malos servicios comunitarios. Se hablaba de narco, pero no era tan evidente. Los misioneros de semana santa fuimos testigos de esa miseria ancestral que a nadie parecía interesarle salvo en tiempos electorales.

En esa parte de la diócesis de Tacámbaro también se incubaron las omisiones, las complicidades, la corrupción y las ambiciones que hoy desafían al estado de derecho y los pactos de pacificación prometidos para Michoacán. La Iglesia en el Estado, tal vez como ninguna otra institución legal y pacífica, tiene el pulso preciso del paciente en su mano y conoce a los verdaderos responsables que no quieren cambiar el rumbo de la entidad. En estos últimos días, el obispo de Apatzingán, monseñor Miguel Patiño, ha sido incómodo por denunciar lo evidente: Michoacán es un estado fallido y, por otro lado, el regreso de Fausto Vallejo suscitó una carta de monseñor Alberto Suárez Inda, arzobispo de Morelia, donde deseó al gobernador toda clase de bienes y cooperar por la paz en el Estado.

Después de la publicación de la carta del obispo de Apatzingán, hubieron dos actos que enardecieron a los grupos rivales y políticos mismos: la entronización de la Virgen María, Reina de la Paz, el 31 de octubre, donde se rogó por una vida pacífica y libre de violencia y la homilía del 3 de noviembre donde el prelado invitó a los fieles a entregar el nombre de los difuntos caídos entre los que se encuentran algunos sacerdotes diocesanos. Desde luego, los informativos magnificaron estas notas y para el lunes 4 de noviembre se habló de un presunto ataque frustrado contra el obispo quien sería custodiado en instalaciones militares, noticia también detonada por la ocupación del puerto de Lázaro Cárdenas por fuerzas armadas y federales a fin de asestar un golpe contundente al corazón financiero del crimen. Días anteriores, la Conferencia del Episcopado Mexicano, a través de su presidencia y secretaría general, expresó su solidaridad al prelado, además de la carta de los obispos de la provincia eclesiástica de Acapulco en previsión de que lo que pasa en Michoacán puede extenderse a la vecina entidad convaleciente por los desastres naturales.

Sumemos ahora las tensiones sociales. El lunes 3, por más de 10 horas, la autopista de occidente, principal vía de comunicación que comunica a Jalisco y Michoacán con la Ciudad de México, fue cerrada por campesinos demandando un mejor precio del maíz y del frijol pagado abajo de los cuatro mil pesos por tonelada. En este aspecto, los campesinos son otro de los blancos del crimen abandonados por los sectores gubernamentales responsables de dinamizar al campo, ahora arrasado y devastado por la falta de dinero, los desastres climáticos y la rapiña de los sectores políticos.

La tardía reacción de los diputados de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión llegó hasta la sesión del martes 5 de noviembre. En uno de esos puntos últimos del orden del día de la sesión, se trataron los “comentarios” de los grupos parlamentarios mismos que, en su típica perorata y verborrea, dieron soluciones, plantearon urgencias y dictaron posibles medidas para salvar al Estado convertido en narco-estado. Mientras la sesión de los diputados corría con los argumentos de siempre, el secretario de Gobernación, en el informe del Comisionado de Seguridad Pública, dijo que todos los esfuerzos del gobierno de la República se encaminan a recobrar la paz en las entidades violentas aunque no sería cosa fácil.

Quienes presumieron de vivir realmente en el Estado “conociendo” lo que realmente pasa en Michoacán, desacreditaron las afirmaciones sobre el estado fallido denunciado por el obispo Patiño. Priistas, perredistas y panistas se culpan de la irresponsabilidad por gobiernos erráticos, de incertidumbre y promesas sin resultados. Los defensores de la actual administración, por otro lado, hacen apología del trabajo de coordinación y de inteligencia que dará la paz y de paso una buena inyección de recursos derivados del Presupuesto de Egresos que se discutirá antes del 15 de noviembre.

Pero ningún diputado en la Cámara refirió al obispo de Apatzingán, a la Arquidiócesis de Morelia y a la solidaridad de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Ninguno declaró a favor u opinó sobre las acciones de los prelados revelando lo que sabemos. Su realidad no encaja con la de miles de michoacanos que todos los días no saben si llegarán a ver un nuevo día y de la cual la Iglesia se ocupa diariamente. Diputados que, con aparente autoridad moral, hablan sobre los males que no les afectan directamente. Levantar la voz, como dicen, ya no sirve. No podemos seguir esperando a que la descomposición continúe y la Iglesia, fieles y clero, estén amenazados de muerte ante la situación de emergencia derivado de la rapiña y la grave situación de pobreza, además del encubrimiento y corrupción de los responsables políticos que toleraron el crecimiento del crimen organizado que, en otro tiempo, la asociaron a grupúsculos fácilmente controlables.

Nunca dirán en la Cámara la cifra de sacerdotes y agentes de pastoral amenazados o que han perdido la vida. Nunca dirán la cifra de muertos que, al momento de discurrir, se ha consumado en las zonas violentas; jamás se dirá en tribuna quiénes son los políticos involucrados; jamás explicarán qué pasó con el exdiputado prófugo de la justicia, Julio César Godoy, el más célebre ejemplo de la narcopolítica y de cómo el crimen puede llegar al poder; nunca reclamarán que las estrategias de la presente administración, por más evidente que sean, ya revelan la existencia de un estado que no pueden controlar ni al más sencillo policía y menos manejar, lejos de la corrupción, el destino de los recursos federales.

Las amenazas al clero y al obispo han sido de las más graves desde el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo y mientras el gobierno, como contra una piñata, da palazos al aire, se asoma el 2015 que será otro factor para evadir los carencias ancestrales que alguna vez vi en Susupuato y hoy se prolongan por la violencia a fin de consumar los propósitos de la narcopolítica en Michoacán: el poder.

Fuente: Siame.mx colaboración de Guillermo Gazanini Espinoza / CACM.

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