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“La libertad religiosa a la luz de los derechos humanos”

Parte I.

1. Raíz antropológica de la libertad religiosa: principio y derecho

La búsqueda y aceptación unánime de una conceptualización del derecho de libertad religiosa resulta complicado, entre otras razones, porque en el terreno de los derechos humanos, concretamente en el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se le relaciona con las libertades de conciencia y de pensamiento. En efecto, la triada de libertades mantienen una convivencia estrecha por su pertenencia a la realidad más íntima y digna de la persona humana: su “naturaleza racional”.

En el caso de la libertad religiosa, la búsqueda de su concreción como un derecho fundamental de la persona humana, se realiza desde la base de la religión. Este término es el que nos aporta las luces para comprender el significado de dicha libertad; en este sentido, las más significativas acepciones del sustantivo religión expresan el reconocimiento, ya sea implícito o explícito, de una relación vital del hombre con Dios.

Ciertamente, es posible afirmar que el objeto propio de la libertad religiosa es la vinculación que el hombre mantiene decide libremente establecer con Dios o con la divinidad, en el entendido que la religión comienza allí donde el hombre se relaciona con Dios mediante la oración, el culto o los ritos propios del credo religioso o ideario religioso.

En tal virtud, cuando el objeto de la libertad religiosa es la “religión”, en otras palabras, la relación y por tanto adhesión del hombre con Dios, es donde cabe la expresión derecho humano de libertad religiosa, precisamente por radicar en el hombre el acto de fe, es decir, la persona humana es el sujeto activo de la relación hombre-Dios, por tanto, se hace imperativa la exteriorización de la fe a través de los actos de culto propios de su credo religioso. Luego entonces, sólo el hombre tiene la capacidad de acuerdo a su naturaleza racional de vincularse o no con Dios, nadie más. En el entendido que tanto los animales como los vegetales y minerales no tienen las potencias de la inteligencia y voluntad, necesarias para la relación con Dios.

A todo lo anterior ¿cuál es el papel que corresponde al Estado? Principalmente, estamos en presencia de un derecho de libertad cuyo núcleo es un poder de autodeterminación traducido en la relación dialogal con Dios. Por tanto, al Estado le corresponderá el reconocimiento de la esfera de autonomía a través de la inmunidad de coacción.

Naturalmente, el Estado tiene una imposibilidad expresa de interferir en esa relación dialogal, traducido en la imposibilidad de obligar a profesar una determinada religión, impidiendo que se actúe conforme a la propia (tanto pública como privadamente). Además, en concordancia con la inmunidad de coacción, se garantiza la protección de los no creyentes, ya sean ateos o agnósticos. Al hilo de lo anterior, la relación del hombre con Dios, correspondiente al plano de lo interior de la persona, hace que cualquier imposición o interferencia de poder estatal o de cualquier grupo humano, resulte inapropiada y contraria a la libertad de la persona para conducirse conforme a los dictados interiores de su razón y de la voluntad.

Todas las notas anteriores, se encuentran expresamente manifiestas en la Declaración del Concilio Vaticano II, Dignitatis Humanae (De la dignidad humana) cuyo mensaje central es la libertad religiosa, como derecho de toda persona (individual y colectiva). A continuación transcribimos un extracto de la Declaración:

“Este Concilio Vaticano declara que la persona humana tiene derecho a la libertad religiosa. Esta libertad consiste en que todos los hombres han de estar inmunes de coacción, tanto por parte de individuos como de grupos sociales y de cualquier potestad humana, y esto de tal manera que, en materia religiosa, ni se obligue a nadie a obrar contra su conciencia, ni se le impida que actúe conforme a ella en privado y en público, sólo o asociado con otros, dentro de los límites debidos. Declara, además, que el derecho a la libertad religiosa está realmente fundado en la dignidad misma de la persona humana, tal como se la conoce por la palabra revelada de Dios y por la misma razón natural. Este derecho de la persona humana a la libertad religiosa ha de ser reconocido en el ordenamiento jurídico de la sociedad, de tal manera que llegue a convertirse en un derecho civil.

Todos los hombres, conforme a su dignidad, por ser personas, es decir, dotados de razón y de voluntad libre, y enriquecidos por tanto con una responsabilidad personal, están impulsados por su misma naturaleza y están obligados además moralmente a buscar la verdad, sobre todo la que se refiere a la religión. Están obligados, asimismo, a aceptar la verdad conocida y a disponer toda su vida según sus exigencias. Pero los hombres no pueden satisfacer esta obligación de forma adecuada a su propia naturaleza, si no gozan de libertad psicológica al mismo tiempo que de inmunidad de coacción externa. Por consiguiente, el derecho a la libertad religiosa no se funda en la disposición subjetiva de la persona, sino en su misma naturaleza. Por lo cual, el derecho a esta inmunidad permanece también en aquellos que no cumplen la obligación de buscar la verdad y de adherirse a ella, y su ejercicio, con tal de que se guarde el justo orden público, no puede ser impedido”.

En resumen, la Declaración Conciliar pone de manifiesto la libertad del hombre para buscar la verdad y profesar las propias convicciones religiosas, tanto en privado como en público, lo cual ha de ser reconocido y garantizado por el ordenamiento jurídico. Este derecho va mucho más allá de la mera libertad de culto, y se divide a su vez en principio y derecho de libertad religiosa.

Primero, el principio de libertad religiosa garantiza una inmunidad de coacción frente al Estado y exige de éste una actitud negativa de no concurrencia en el acto de fe, propio y exclusivo de la persona humana. Por otra parte, exige una actitud promocional, ya que no tendría sentido el reconocimiento de un derecho fundamental sino se garantiza y promueve su ejercicio. En este tenor, al Estado corresponderá la promoción de la libertad religiosa, no porque el Estado sea un sujeto del acto de fe, más bien porque en él concurren los ciudadanos quienes son los destinatarios de su práctica y de sus manifestaciones, al mismo tiempo que fieles de determinado credo o confesión religiosa.

Así las cosas, sintetizamos el contenido del principio de libertad religiosa en los puntos siguientes:

  1. a) Libertad religiosa como inmunidad de coacción: Imposibilidad para que el Estado o grupos de personas, o cualquier potestad humana puedan interferir en el terreno religioso, coaccionando a la persona para actuar de manera distinta a los lineamientos de su religión o impidiéndole actuar conforme a ella, en privado o en público, solo o asociados con otros, dentro de los límites debidos.

La no concurrencia en el acto de fe: Inhibe la intromisión estatal en asuntos que no son de su competencia, por esta razón, el Estado tiene vedado intervenir en asuntos de las comunidades religiosas

  1. c) La promoción de lo religioso en la sociedad: No es suficiente el reconocimiento legal de este derecho humano, es menester garantizar su promoción, es decir, allanar los caminos para que pueda desarrollarse, sin óbice alguno que impida su cabal cumplimiento.

Segundo, el derecho humano de libertad religiosa. Desde este punto, es un hecho que los Pactos Internacionales de Derechos Humanos han contribuido a enriquecer el concepto de libertad religiosa. Por esta razón, en el sistema universal de protección de los Derechos Humanos, destaca la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, así como los Pactos internacionales de 1966, al asegurar en su conjunto el derecho humano a la libertad religiosa, con énfasis en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 18[1]. Aunado a éstos, habrá que añadir otros convenios universales de protección de derechos humanos, por ejemplo, la Convención de Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Aunque no es un convenio propiamente dicho que vincule a las partes singantes, la Declaración sobre la Eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o convicciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de noviembre de 1981. Ha sido un logro de la comunidad internacional preocupada por el reconocimiento, garantía y promoción de este derecho fundamental. En el artículo 6° reconoce una serie de manifestaciones de este derecho, entre otras las siguientes:

  1. a) La de practicar el culto o de celebrar reuniones en relación con la religión o las convicciones, y de fundar y mantener lugares para esos fines;
  2. b) La de fundar y mantener instituciones de beneficencia o humanitarias adecuadas;
  3. c) La de confeccionar, adquirir y utilizar en cantidad suficiente los artículos y materiales necesarios para los ritos o costumbres de una religión o convicción;
  4. d) La de escribir, publicar y difundir publicaciones pertinentes en esas esferas;
  5. e) La de enseñar la religión o las convicciones en lugares aptos para esos fines;
  6. f) La de solicitar y recibir contribuciones voluntarias financieras y de otro tipo de particulares e instituciones;
  7. g) La de capacitar, nombrar, elegir y designar por sucesión los dirigentes que correspondan según las necesidades y normas de cualquier religión o convicción;
  8. h) La de observar días de descanso y de celebrar festividades y ceremonias de conformidad con los preceptos de una religión o convicción;
  9. i) La de establecer y mantener comunicaciones con individuos y comunidades acerca de cuestiones de religión o convicciones en el ámbito nacional y en el internacional.

[1]“Artículo 18:

  1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza.
  2. Nadie será objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar su libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección.
  3. La libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias estará sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos, o los derechos y libertades fundamentales de los demás.
  1. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legal e s, para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.
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