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Persiste el clamor

Nuevamente los expedientes seguridad y combate al crimen organizado vuelven a estar en la mesa de discusión, se cumplió el plazo fijado entre el gobierno en sus diversas instancias y la sociedad encabezada por el movimiento México Unido Contra la Delincuencia para emprender acciones en materia de seguridad, justicia y legalidad.

Los duros reclamos de Alejandro Martí, “si no pueden renuncien” y de Nelson Vargas, “¡Eso es no tener madre!”, evidencian que por más “operación limpieza” los niveles de inseguridad van a paso ascendente. Basten algunos ejemplos: El dramático clamor de la familia Vargas, los decapitados de Yucatán, los ejecutados de La Marquesa, los fusilados de Ciudad Juárez, los bombazos de Morelia, los levantados de Sinaloa, las narcomantas a lo largo y ancho el país. ¿Quiere más? Los gobiernos (federal y estatal) hacen cuentas alegres por las acciones que se han realizado para paliar las acometidas del crimen organizado y poner un dique a la ola de violencia, reconozco que la batalla ha sido gallarda, sin embargo, no podemos celebrar ningún avance cuando la gran mayoría de los mexicanos reclamamos tranquilidad y seguridad en nuestros hogares, en las calles, en los centros de trabajo, en el transporte, cuando salimos al mercado, del banco o del centro comercial.

Tampoco podemos avalar progresos si algunos funcionarios y legisladores niegan las actividades de grupos delictivos, maquillan cifras, formulan absurdas y desatinadas propuestas; autoricen presupuestos para adquirir patrullas, chalecos y armas si el hampa está mejor pertrechada y dirigida.

Y si le sumamos la permanente campaña en medios para informar las actividades en contra de los malosos, para que tengamos la percepción de que sí se está haciendo algo, no sé usted pero a mi me queda el resquemor de que se ha hecho mucho pero falta mucho. Recientemente se aprobó en Puebla la pena de cadena perpetua contra secuestradores, la verdad me parece ridícula esta condena porque de nada sirve si los Ministerios Públicos no investigan y no reúnen las pruebas necesarias para comprobar que los detenidos son secuestradores o si los jueces alargan los procesos judiciales y al final se le impone una sentencia mínima.

En caso contrario, ¿cómo estar seguros de que el enjuiciado va a purgar su sentencia si estará el resto de su vida en una jaula de oro? Además de estar en una ratonera, ¡5 ó 10 años de trabajos forzados para que escarmiente ese hijo de la mala vida! Me gustaría saber cómo en el estado de Coahuila van a aplicar la ley recién aprobada: Pena de muerte a secuestradores que maten a sus víctimas. ¿Llegará a presentarse un caso y se aplicará la condena con todo rigor? De una u otra forma, apoyemos a quienes han emprendido iniciativas ciudadanas para combatir el crimen y la delincuencia, de nada sirve si nos limitamos a criticar o encerrarnos en nuestras casas a esperar que las cosas se resuelvan por sí solas.

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