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Narcofinanzas, la guerra pendiente

Sin dudar de las buenas intenciones de las instituciones federales y locales para erradicar el narcotráfico, la imparable oleada de crímenes que genera su participación activa en diferentes ámbitos de la sociedad y la ya “acostumbrada” racha noticiosa de los medios -llena de morbo y amarillismo inmoral- sobre la violencia en México, advierten que algo está fallando en el combate frontal al crimen organizado convocado por el Estado.

Y no avanza porque tanto el crimen organizado como el narcotráfico y la ejecución criminal de actos desalmados no sólo deben ser combatidos mediante el uso de la fuerza -capturando a capos, sicarios y miembros de los diversos cárteles y mafias-, sino con medidas financieras que asfixien la capacidad corruptora de las organizaciones criminales.

No es posible que los miles de millones de dólares que maneja el crimen organizado puedan pasar inadvertidos para las autoridades hacendarias que cuelan el mosquito (con los pequeños contribuyentes), pero se tragan el camello (del lavado de dinero). Ya algunas voces de la sociedad civil, incluida la Iglesia Católica, han manifestado la necesidad inaplazable de ‘blindar’ los procesos electorales en México para este 2009 y sugieren una fiscalización antes, durante y después de los comicios con el objetivo de no permitir que el dinero ensangrentado del crimen organizado ensucie las ya de por sí desprestigiadas campañas.

Por lógica, si algún candidato cae en esta tentación, la autoridad electoral debería quitar el registro al partido político que así se corrompe y amenaza con corromper a la sociedad. Sin embargo, esta preocupación de los dineros sucios debe llegar también a ciertas cúpulas empresariales que ante el adverso panorama económico actual contemplan el lavado de dinero como “soporte financiero temporal”, amén de las muchas industrias que así operan actualmente ante le miopía cómplice de algunas autoridades federales y locales.

Debe ser una alerta roja del gobierno federal y de las instituciones legislativas y judiciales el tránsito aparentemente desconocido y oculto de las finanzas del narcotráfico. Los saldos del crimen organizado no son exclusivamente las casi siete mil ejecuciones reportadas en los últimos dos años, los ‘saldos’ a favor operan clandestinamente en institutos, instituciones, empresas y diversos organismos públicos y privados sin que nadie haga algo.

Y es que mientras se continúe pensando que las organizaciones criminales están basadas en los individuos, éstas remplazarán fácilmente sus bajas para seguir satisfaciendo las necesidades de la organización: penetración, control y administración de mercados literalmente cautivos.

La participación directa e indirecta de cualquier organización con el crimen organizado debe tener sus consecuencias. ¿Por qué no pensar también en restricciones o suspensiones de derechos empresariales a industrias que colaboren en las finanzas del narcotráfico, en castigar a funcionarios públicos que operen con dinero sucio o -como se insiste- en retirar el registro a los partidos políticos que con recursos del crimen realicen campañas?

La sociedad en su conjunto también debe participar en esta otra guerra contra el crimen organizado bloqueando el brazo financiero del narcotráfico y de los grupos asesinos: principalmente al evitar el consumo de piratería, denunciar irregularidades en campañas políticas y evitar participar en ‘pirámides’ y modelos ‘milagrosos’ para obtener dinero, pues en muchos casos la participación de grupos criminales y de narcotráfico está detrás de estos.

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